En México, la actividad humana enfocada en explotar los recursos naturales sin medir las consecuencias sociales, culturales y económicas que conlleva, es un gran desafío para el desarrollo sostenible. Así encontramos que las desigualdades económicas, sociales y políticas entre mujeres y hombres, establecen situaciones dispares de vulnerabilidad, que se incrementan si tomamos en cuenta que, en comparación con los hombres, las mujeres enfrentan desventajas históricas que incluyen el acceso limitado a la toma de decisiones.

Los estudios subrayan que en el tema ambiental, las mujeres enfrentan un impacto diferenciado que incluye consecuencias de salud, económicas, sociales y físicas más severas (Instituto de Georgetown para la Mujer, Paz y Seguridad, 2015).

Lo más desgastante es que son las mujeres quienes sistemáticamente carecen de una representación igualitaria en la toma de decisiones para incorporar la perspectiva de género dentro de sus políticas ambientales, planes de acción y demás actividades relacionadas con el desarrollo sustentable.

Sumado a esto, encontramos que la nueva normativa energética de México fomenta proyectos de explotación de los recursos naturales por parte de agentes privados, lo cual ha afectado a las comunidades rurales, pero en mayor medida a los pueblos indígenas, ya que sus territorios se caracterizan por ser los más ricos en biodiversidad. Como consecuencia, los impactos sobre el territorio y sus comunidades, provocan violaciones a los derechos humanos y el despojo de territorios y recursos naturales, que han llevado a mujeres y hombres a protestar y convertirse en defensoras y defensores de derechos humanos ambientales (CEMDA, 2015).

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Mujeres de los países del Sur Global dedican entre 2-9 horas al día recogiendo leña, forraje y realizando tareas de cocina.

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En México 22 millones de personas no tienen acceso a agua limpia.

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En el 69 por ciento de los casos, son las mujeres las encargadas de asegurar el abasto de agua potable para el uso en el hogar.

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En algunas comunidades del país las mujeres han reportado destinar entre 2 y 6 horas diarias a la obtención de agua.

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Está dedicación de tiempo impacta negativamente sus posibilidades de acceder a la educación y a actividades de trabajo remuneradas, y con ello obstaculiza su autonomía económica.

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Las mujeres realizan una mayor carga de trabajo agrícola y en la producción general de alimentos de los hogares.

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Las mujeres y los niños tienen 14 veces más probabilidades de morir que los hombres durante un desastre natural.

El Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir a través de su Programa de Justicia Ambiental reconoce que las mujeres no sólo afrontan el peligro de los graves impactos de la actividad humana y los cambios en el clima, sino que también son clave para la implementación de soluciones reales que tengan resultados reales.

Programas

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Investigación

El programa de investigación se encarga de generar análisis de los temas prioritarios de incidencia para el ILSB desde la intersección entre los Derechos Humanos y las perspectivas de Género e Interculturalidad.

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Programa de Justicia Ambiental

La deforestación, el aumento de los niveles del mar, la plantación de monocultivos, y todos los desafíos ambientales que se asocian al cambio climático han impactado los modos de vida de las personas, en particular los de las mujeres. Son ellas quienes se ven mayormente amenazadas por estas nuevas condiciones. En el ILSB buscamos respuestas sociales y políticas a esos desafíos.

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